EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LOS NEGOCIOS:
Protección Ambiental y Competitividad, son compatibles?
Sumario
Tras el pasado foro económico realizado en Davos, Suiza, alcanzar una óptima convivencia entre el desarrollo económico y el diseño políticas adecuadas para la protección del medio ambiente se convirtió en un reto de alcance mundial.
Tal como señala el artículo “Green and Competitiveness” durante décadas se ha dado por irreconciliable la relación entre competitividad empresarial y la implementación regulatoria para la protección del medio ambiente.
La hipótesis desarrollada por el autor plantea el necesario y posible desarrollo de rígidas políticas que al tiempo de propiciar la protección ambiental, permitan a las empresas no solo mantener su eficiencia económica, sino además acrecentarla, definiendo para ello una serie de recomendaciones.
No obstante se dejan de lado interesantes aspectos económicos doctrinarios que debieran ser considerados, ya que el obstáculo primordial en el diseño regulatorio es que los encargados de su diseño con frecuencia afrontan la regulación desde un ámbito legal dejando de lado importantes aspectos socio-económicos que pueden definir su éxito.
Para ello mediante el presente trabajo, pretendo dar respuesta a que significa el desarrollo sustentable para un negocio y porque le puede brindar ventajas competitivas con base en teorías como la de Ronald Coase, relativa a los derechos de propiedad y su vinculación al medio ambiente, así como el principio de Pareto, con el objetivo de poner de manifiesto la enorme importancia de contar con órganos de regulación que afronten la tarea de crear regulación no solo desde un ámbito legal, sino contemplando los intereses socio-económicos que la doten de eficiencia empírica.
Protección Ambiental y Productividad
Los empresarios solían afrontar el riesgo ambiental como un hecho ineludible en la gestión empresarial, no obstante, en la actualidad ha volcado sobre ellos la realidad de que la gestión empresarial no puede hacerse a espaldas de sus implicaciones ambientales.
Sin embargo, tal como señalan Pablo Arenas, Eva Chamorro y Macario Cámara de la Fuente en el boletín “Liberalismo económico y medio ambiente”[1] se debe dejar constancia de que tras esa resistencia a aceptar el riesgo medioambiental existe una interesante corriente de pensamiento económico que pone límites al nivel de aceptación de dicho riesgo, entrando así al análisis del Teorema de Coase y delimitando un nivel óptimo de polución.
Dicho teorema parte de que la regulación medioambiental, no siempre consigue los efectos deseados y, desde el punto de vista económico, no siempre logra introducir en el sistema económico los mismos niveles de eficiencia, con tal fundamento es que el análisis económico del derecho resulta fundamental para lograr medidas regulatorias que provean de mayor eficiencia al sistema económico, creando incentivos para que los sujetos económicos tengan una determinada actuación.
Pero cual sería una medida eficiente? Pastor Prieto señala que una norma sería eficiente si maximiza el bienestar social, o sea si el beneficio total neto social es positivo y mayor a los de cualquier otra norma alternativa. Pero dicho beneficio social como se mide? Acaso tal medición involucra exclusivamente el beneficio derivado de la protección al medio ambiente o, incluso deben considerarse en dicha medición el impacto social derivado de la toma de medidas estrictas en el bienestar económico de la sociedad, sea porque reduzca las posibilidades de empleo frente a medidas regulatorias estrictas que limiten la capacidad empresarial.
Con respecto a dicha calificación encontramos que nos presenta una hipótesis interesante el teorema de Coase que en materia ambiental postula lo siguiente:
“In a world of zero transaction costs, the optimal level of environmental protection would be attained regardless of the existence and initial allocation of property rights.”[2]
Para traducir el postulado anterior partamos de que en el ámbito económico el concepto de eficiencia se encuentra explicado por el Principio de Pareto el cual define que una situación social óptima es aquella en que solo si a partir de ella, no es posible cambio alguno que satisfaga la doble condición de que al menos un individuo salga con él ganando y ninguno salga perdiendo. En materia ambiental dicho óptimo paretiano se alcanza bajo el concepto de sustentabilidad, puesto que tal como señala Gudiño Gual[3] en la medida que se tome en cuenta la necesidad jurídico-económica de internalizar los costos por externalidades, en este caso los daños al medio ambiente, será posible formular regulación proambiental eficiente.
De acuerdo con Gudiño, el óptimo de Pareto muestra su estrechez al dejar irresuelto el costo de las externalidades no compensadas y provienen de la actividad de un individuo que las hace recaer sobre otros individuos, o incluso sobre la colectividad, impidiendo su eficiencia, resultado de lo cual en materia ambiental persiste la contaminación del aire, del agua y suelos, asimismo continúa persistiendo la interferencia entre productividad y protección ambiental.
Concluye el autor señalando que el teorema de Coase en la sustentabilidad, se refleja en que un individuo económicamente activo deberá producir sustentablemente para dar cumplimiento a la regulación ambiental, mientras se internalicen los costos ambientales, a cambio de las externalidades, pudiendo resumir el teorema de coase en materia ambiental indicando que la internalización de costos logrará que cada industria se encargue de la depuración o eliminación de sus propios residuos. Al repercutir el costo de la depuración directamente sobre el precio de sus productos se consigue satisfacer lo que provocan las interferencias de las externalidades hacia el medio ambiente; y asi lograr equidad porque pagarán un precio más alto sólo los que se benefician de esos productos, y así se logrará la eficiencia, porque al aumentar el precio disminuirá la demanda y por consiguiente la producción que afecta negativamente el medio ambiente.
Así, el concepto de sustentabilidad desarrollado bajo el teorema de Coase se transforma en una forma de seguridad jurídica, según Gudiño, si se reconoce que tendrá derecho a interferir sólo quien produce la interferencia, mientras a esté le reporte un beneficio marginal mayor que el daño marginal sufrido por el medio ambiente que lo soporta, ya que de lo contrario, será racional para los órganos regulatorios no soportar la interferencia.
Si esto es así, el cuestionamiento resultante es, cual es el límite permisible que por la eficiencia deba soportarse la interferencia?
Para contestar a ello no solo se debe tomar en cuenta la eficiencia, sino también la justicia distributiva y considerar el daño, el agente generador, el sector dañado, planteando la exigencia de compensar el daño causado y en la cuantía suficiente para repararlo. Esto solo se logrará mediante la internalización de los costos ambientales contra las externalidades del daño causado que provoca la interferencia. Por tanto el límite de la eficiencia se encuentra en la justicia distributiva, para asegurar que aquel que aprovecha los recursos de la naturaleza, retorne a la naturaleza y colectividad su reparación, previniendo que el costo de la reparación como externalidad, tenga como consecuencia una mayor ventaja económica en el aprovechamiento y un aumento en el precio del producto.
Así, el desarrollo sustentable para un negocio representa la operación empresarial basada en mantener los niveles de eficiencia al tiempo que se diseña un proyecto de negocios que aproveche al máximo los recursos y en la medida que su productividad no vulnere y asegure la reparación del daño generado, generando una mayor ventaja económica para la empresa y social en el marco de la colectividad.
Conclusiones
Expuesto lo anterior, resulta de fundamental importancia el que el diseño regulatorio, tanto en materia ambiental así como en otros sectores involucre a personal que cuente con la capacitación integral para desarrollar un análisis no solo jurídico sino socio-económico como fundamento para su tarea. Esto es, no solo contar con la perspectiva legal, sino prepararse y adentrarse en lo que hoy se conoce como Análisis Económico de la Regulación.
El asumir el reto de la protección ambiental debe asumir primitivamente el costo social vinculado al daño ambiental y partir de ello para buscar medidas que permitan el retorno de dichos costos, mediante su internalización y recupero en el pago de la externalidad. Así para un negocio proveer su desarrollo sustentable implica llevar la productividad al óptimo social paretiano, internalizando los costos ambientales y procurando en su recupero un mayor aprovechamiento de los recursos al tiempo de su eficiencia económica, lo cual le aportara sin duda mayor competitividad en la medida que permite un mayor aprovechamiento de los recursos.
Bibliografía
Arenas, Pablo, et.al. “Liberalismo Económico y Medio Ambiente”. Boletín Económico ICE número 2683, ICE, Madrid, España, 26 de febrero a 4 de marzo de 2001.
Burger, Joanna y Gochfeld Michael. “The tragedy of the commons thesis”. Environment, December, 1998.
Cole H. Daniel. “Pollution and Property: the conceptual framework”. Cambridge University Press. www.cambridge.org sitio accesado el 14 de febrero, 2007.
Gudiño Gual, Juan Pablo. “La seguridad jurídica como componente de la sustentabilidad. El poder judicial, el teorema de Coase y la eficiencia en el derecho ambiental”.
Ogus, Anthony. “Regulation, legal form and economic theory”. Clarendon Press. 1994.
Veljanovsky, Cento. “The Coase Theorem and the economic theory of markets and law”. Kyklos volumen 35, 1982, fascículo 1.
[1] Arenas, Pablo, et.al. “Liberalismo Económico y Medio Ambiente”. Boletín Económico ICE número 2683, ICE, Madrid, España, 26 de febrero a 4 de marzo de 2001.
[2] Cole H. Daniel. “Pollution and property: the conceptual framework”. Cambridge University Press. www.cambridge.org.
[3] Gudiño Gual, Juan Pablo. “La seguridad jurídica como componente de la sustentabilidad. El poder judicial, el teorema de Coase y la eficiencia en el Derecho Ambiental”.
martes, 27 de febrero de 2007
domingo, 25 de febrero de 2007
EL VALOR DE LA IGUALDAD Y EL ROL SOCIAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
EL VALOR DE LA IGUALDAD Y EL ROL SOCIAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Por: Claudia Fonseca Mtz.
En el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de las TICs y la Sociedad de la Información, conceptos como el de igualdad y libertad se han antepuesto frecuentemente al debate y análisis, especialmente en temas como acceso y seguridad.
Se ha sostenido con vehemencia la importancia de garantizar y mantener una red libre que permita por igual el acceso a todos los individuos, y que permita cumplir con el objetivo de disminuir la brecha tecnológica que hoy determina de acuerdo a lo señalado por la OCDE, serias diferencias culturales y en el nivel de riqueza entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en desarrollo. De tal manera, vemos que las acciones y debate de estos temas, hasta el día de hoy se encuentran profundamente influenciados por estos conceptos, los cuales sin embargo no han sido claramente dimensionados.
El empleo de los términos de igualdad y libertad como principios directrices de las decisiones y acciones, hasta hoy se ha fundado primordialmente en una natural consideración de moralidad, justicia social e igualdad política; que si bien se buscan desarrollar en paralelo al carácter económico del hecho que desencadenó la conformación y desarrollo de la actual Sociedad de la Información, nunca se mezclan con esté, lo cual constituye en mi percepción un serio error.
Es decir, al otorgar a la información un valor fundamentalmente económico se originó un cambio estructural inicialmente en el mercado mundial y la economía, mismo que posteriormente imprimió ese mismo contenido económico al desarrollo de las TICs, y a la transformación de las estructuras sociales, culturales y políticas en el mundo, de forma tal que, hoy casi ningún término por más contenido social, político o moral desde el cual quiera ser observado, puede ser visto sin considerar la influencia que sobre él ejercen los factores económicos.
De tal forma, la adopción de la igualdad y la libertad como principios que deben fundamentar el diseño e instrumentación de políticas públicas en la era de la información, no deben solo basarse en percepciones morales y dejar de lado la influencia que sobre ellos generan los factores y principios propios de la economía global, tales como el de eficiencia y la función de maximización del bienestar.
En el tema de accesibilidad o acceso a la tecnología, el diseño de políticas públicas se ha dirigido con particular énfasis al objetivo de ofrecer en un plano físico, más quiza no tan fáctico, puntos de conexión públicos para la integración de todos los individuos al uso de las TICs y, en un segundo plano, proporcionar la libertad de elección en cuanto a la forma de intervenir, abordar, informar o hacer uso de ellas bajo una participación en condiciones de igualdad de oportunidades. Al menos, es así como ha sido expresado en muy diversos foros internacionales de debate.
No obstante, el uso de conceptos tales como igualdad y libertad fueron asumidos bajo un contenido exclusivo de idealismo moral, dejando de lado las influencias particulares que sobre dichos conceptos ha adicionado en la actualidad la economía.
En términos de acceso se ha expresado como objetivo fundamental el generar suficientes puntos de acceso y medios idóneos para promover la inclusión igualitaria de todos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No obstante, en el debate y diseño de políticas públicas la visión moral de igualdad en materia de inclusión, no solo debe considerar la igualdad en la provisión o en los derechos, sino incluso en la oportunidad, esto es, generar la misma probabilidad de éxito, colocando a los individuos en igualdad de posibilidades de acceso.
Y es precisamente cuando se habla de igualdad en las posibilidades de acceso, donde debemos detenernos a considerar lo que involucra, y cuestionar si sencillamente se refiere a ofrecer un medio físico de conexión? o; implica incluso ofrecer los medios que permitan el desarrollo de las capacidades para alcanzar un acceso efectivo y una participación real en la Red? e incluso específicamente en materia de seguridad, definir cuanto de ese acceso real esta relacionado al desarrollo de medidas que garanticen la seguridad en la Red?
Asumir entonces este contexto de igualdad de oportunidad, hace necesario adentrarnos en lo que dicho concepto implica y requiere, asumiendo lo sostenido por el filosófo estadounidense Thomas Nagel quien sostiene que para alcanzar incluso un moderado grado de igualdad es necesario restringir la libertad.
“If equality is in itself good, then producing it may be worth a certain amount of inefficiency and loss of liberty”[1]
Lo anterior choca sin duda con el principal argumento sobre el cual se sostienen los debates legislativos para la conformación de leyes en materia de ciberseguridad, en los que con frecuencia se argumenta que no se puede restringir la libertad de la Red en aras de generar una supuesta seguridad, lo cual sin duda es así; sin embargo es imprescindible marcar la tenue línea que existe entre salvaguardar la libertad de unos y proveer a otros de oportunidad en ese contexto de igualdad que se pretende tenga el acceso a la tecnología.
Y es precisamente en ese punto, donde resulta fundamental el reflexionar si la libertad que se pretende tenga la Red es compatible con el concepto de igualdad de oportunidad bajo el cual se busca sustentar o debiera sustentarse la operación de la misma.
Es decir, bajo ningún contexto se pretende poner en duda la importancia que tiene sostener los principios que sustentan la existencia de una Red libre, sino más bien subrayar la relevancia que ocupa el definir cual es el grado de libertad óptimo en el contexto de maximizar el bienestar social, procurando un grado de seguridad que permita el acceso real de los individuos al uso de la misma.
La legislación sin duda es un elemento primordial para el desarrollo de una Red segura, sin embargo en un ámbito en el que se pretende que la sociedad juegue un rol fundamental en la reforma del Estado resulta imprescindible que no solo se generen leyes sino se instrumenten políticas públicas que permitan a los usuarios el desarrollo de capacidades suficientes para autoproveerse un medio seguro en la Red, que les otorgue una capacidad efectiva de elección y que no quede sujeto al ejercicio de un contexto libertario que reduzca o involucre riesgos que limiten sus posibilidades reales de acceso.
En este contexto, el concepto de igualdad no se puede asumir como la mera conducta de dar a todos lo mismo, ya que como señalara el filósofo estadounidense John Rawls, por encima de cualquier actividad redistributiva, incluso la provisión de bienes primarios, queda subordinada al respeto de la libertad individual. De modo que, el concepto no puede limitarse a dar a todos lo mismo, sino que las desigualdades se sustenten sobre el ofrecimiento de las mismas igualdades de oportunidad.
Asume que no todos requerimos lo mismo, porque no todos partimos de las mismas necesidades, intereses, ni del mismo nivel de posibilidades.
Incluso, el Nobel de Economía de 1998, Profesor Amartya Sen señala que una misma dotación de bienes, no asegura una misma cobertura de necesidades, puesto que estas oscilan según el individuo; en consecuencia, el hablar de facilitar el acceso implica una visión mucho más amplia que la provisión de conexión física, implica incluso un compromiso de desarrollo de medios que permitan al usuario actuar en la Red en un ambiente seguro e incluso autoproveerse dicha seguridad.
Y aquí me permitiré citar a mi compatriota Juan Carlos Guel, quien se desempeña desde hace varios años como Jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo (CERT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien de manera reiterada refiere un punto con el que me encuentro en total acuerdo, referente a que la ciberseguridad es un tema que no puede quedar sujeto a las posibilidades económicas del usuario, puesto que de hacerlo existe el riesgo de que la seguridad se transforme en un bien de lujo, al que solo puedan acceder aquellos con las posibilidades económicas para ello. En cuyo caso se corre el riesgo de que los medios económicos determinen en parte las oportunidades a las que tiene acceso una persona, y que esas oportunidades determinen que tanta libertad de acción posee esa persona, entonces los medios económicos determinarían, en parte, cuánta libertad poseen los individuos. De tal manera que cuanto más medios, mas libertad.
De igual modo, si la protección de la libertad queda restringida al nivel del conocimiento y aptitudes de los usuarios en la Red, entonces la capacidad (humana e institucional) es fundamental para mantener el acceso y garantizar que la sociedad aproveche sus beneficios. La inversión en educación, incluida la alfabetización digital, sigue siendo la forma fundamental de desarrollar la capacidad humana y debería ser el núcleo de cualquier estrategia nacional, regional e internacional en materia de tecnología de la información.
Lo anterior incluso se sostiene con las resoluciones de las Naciones Unidas emitidas durante el período de sesiones de alto nivel llevadas a cabo en Nueva York en el año 2000, en que se expresó que;
“El acceso a la información y el intercambio de conocimientos están en gran parte determinados por la educación, las capacidades, incluidos los recursos, la transparencia de las sociedades, la capacidad para generar y utilizar conocimientos, la interconexión y la disponibilidad de contenidos y aplicaciones diversos, y por el marco normativo y jurídico. Es necesario adoptar medidas urgentes, a nivel nacional e internacional, en esas esferas a fin de mejorar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo y los países con economías en transición, para participar en la economía basada en los conocimientos a fin de promover su desarrollo económico y social.”
En consecuencia, un punto de partida fundamental en la generación de igualdad en el acceso y de promoción a la ciberseguridad implica generar una política educativa e informativa que genere el desarrollo de aptitudes en el individuo, no en vías de limitar su libertad de uso, sino de permitirle convertirse en su principal proveedor de seguridad en el uso de la tecnología y, en esa medida, garantizar sus posibilidades de acceso eficiente, así como las del resto de usuarios.
Ahora bien, por otra parte, frente a este contexto de igualdad basado en garantizar las mismas posibilidades, los usuarios no pueden, ni deben permanecer como estáticos receptores de dichas posibilidades por parte del Estado o como simples reclamantes de derechos frente a él, es necesario que asuman la responsabilidad que tienen sobre el desarrollo de sus propias capacidades y el uso que dan a las Tecnologías de la Información, así como sobre el contexto bajo el cual operan su libre actuar en la Red.
Y es ahí que propongo analizar el contexto idóneo bajo el cual considero los usuarios deben asumir dicha responsabilidad.
A ese respecto, cabe hacer hincapié de que en la mayor parte de los Países en la actualidad, un tema fundamental que ocupa el escenario político es la necesaria Reforma del Estado, que entre otros, surge de factores desencadenantes tales como, la competencia de la nueva economía global y la revolución de la información, que hacen visible la necesidad de modernizar el Estado y asumir las nuevas posibilidades que otorgan las tecnologías a su desarrollo.
En el debate de este tema, una de las acciones que se considera fundamental para lograr una eficiente Reforma del Estado es el del indispensable fortalecimiento de las instituciones.
Pero precisamente aquí es donde debemos adentrarnos en un punto fundamental que es el de definir que se entiende por institución y qué o quiénes deben ocupar dicho rol en el Estado Moderno?
Según la más pura doctrina jurídica, la población constituye un elemento fundamental del Estado, el cual a su vez se compone del conjunto de instituciones con autoridad para establecer las normas que regulan la convivencia social, teniendo soberanía sobre un territorio definido.
En consecuencia, a pesar de no haber sido claramente abordada esta posibilidad, en el Estado moderno la sociedad ha adquirido un papel fundamental, que puede y quizá debiera asumir un perfil institucional, y que a través de políticas que promuevan su educación y conocimiento, permitieran el fortalecimiento de dicho perfil, logrando una participación más directa, influyente e informada de la población en las decisiones del Estado.
En conclusión, el diseño de políticas públicas para el desarrollo de los Estados no puede permanecer desvinculado de los factores económicos y, en consecuencia incluso los términos de natural y tradicional contenido moral en la actualidad deben ser matizados en pro del desarrollo y de la maximización del bienestar social, a fin de otorgar a los individuos efectivas y equitativas posibilidades de acceso y uso de la Red.
[1] Nagel, Thomas. EQUALITY, Mortal Questions. Cambridge University Press. 1979.
Por: Claudia Fonseca Mtz.
En el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de las TICs y la Sociedad de la Información, conceptos como el de igualdad y libertad se han antepuesto frecuentemente al debate y análisis, especialmente en temas como acceso y seguridad.
Se ha sostenido con vehemencia la importancia de garantizar y mantener una red libre que permita por igual el acceso a todos los individuos, y que permita cumplir con el objetivo de disminuir la brecha tecnológica que hoy determina de acuerdo a lo señalado por la OCDE, serias diferencias culturales y en el nivel de riqueza entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en desarrollo. De tal manera, vemos que las acciones y debate de estos temas, hasta el día de hoy se encuentran profundamente influenciados por estos conceptos, los cuales sin embargo no han sido claramente dimensionados.
El empleo de los términos de igualdad y libertad como principios directrices de las decisiones y acciones, hasta hoy se ha fundado primordialmente en una natural consideración de moralidad, justicia social e igualdad política; que si bien se buscan desarrollar en paralelo al carácter económico del hecho que desencadenó la conformación y desarrollo de la actual Sociedad de la Información, nunca se mezclan con esté, lo cual constituye en mi percepción un serio error.
Es decir, al otorgar a la información un valor fundamentalmente económico se originó un cambio estructural inicialmente en el mercado mundial y la economía, mismo que posteriormente imprimió ese mismo contenido económico al desarrollo de las TICs, y a la transformación de las estructuras sociales, culturales y políticas en el mundo, de forma tal que, hoy casi ningún término por más contenido social, político o moral desde el cual quiera ser observado, puede ser visto sin considerar la influencia que sobre él ejercen los factores económicos.
De tal forma, la adopción de la igualdad y la libertad como principios que deben fundamentar el diseño e instrumentación de políticas públicas en la era de la información, no deben solo basarse en percepciones morales y dejar de lado la influencia que sobre ellos generan los factores y principios propios de la economía global, tales como el de eficiencia y la función de maximización del bienestar.
En el tema de accesibilidad o acceso a la tecnología, el diseño de políticas públicas se ha dirigido con particular énfasis al objetivo de ofrecer en un plano físico, más quiza no tan fáctico, puntos de conexión públicos para la integración de todos los individuos al uso de las TICs y, en un segundo plano, proporcionar la libertad de elección en cuanto a la forma de intervenir, abordar, informar o hacer uso de ellas bajo una participación en condiciones de igualdad de oportunidades. Al menos, es así como ha sido expresado en muy diversos foros internacionales de debate.
No obstante, el uso de conceptos tales como igualdad y libertad fueron asumidos bajo un contenido exclusivo de idealismo moral, dejando de lado las influencias particulares que sobre dichos conceptos ha adicionado en la actualidad la economía.
En términos de acceso se ha expresado como objetivo fundamental el generar suficientes puntos de acceso y medios idóneos para promover la inclusión igualitaria de todos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No obstante, en el debate y diseño de políticas públicas la visión moral de igualdad en materia de inclusión, no solo debe considerar la igualdad en la provisión o en los derechos, sino incluso en la oportunidad, esto es, generar la misma probabilidad de éxito, colocando a los individuos en igualdad de posibilidades de acceso.
Y es precisamente cuando se habla de igualdad en las posibilidades de acceso, donde debemos detenernos a considerar lo que involucra, y cuestionar si sencillamente se refiere a ofrecer un medio físico de conexión? o; implica incluso ofrecer los medios que permitan el desarrollo de las capacidades para alcanzar un acceso efectivo y una participación real en la Red? e incluso específicamente en materia de seguridad, definir cuanto de ese acceso real esta relacionado al desarrollo de medidas que garanticen la seguridad en la Red?
Asumir entonces este contexto de igualdad de oportunidad, hace necesario adentrarnos en lo que dicho concepto implica y requiere, asumiendo lo sostenido por el filosófo estadounidense Thomas Nagel quien sostiene que para alcanzar incluso un moderado grado de igualdad es necesario restringir la libertad.
“If equality is in itself good, then producing it may be worth a certain amount of inefficiency and loss of liberty”[1]
Lo anterior choca sin duda con el principal argumento sobre el cual se sostienen los debates legislativos para la conformación de leyes en materia de ciberseguridad, en los que con frecuencia se argumenta que no se puede restringir la libertad de la Red en aras de generar una supuesta seguridad, lo cual sin duda es así; sin embargo es imprescindible marcar la tenue línea que existe entre salvaguardar la libertad de unos y proveer a otros de oportunidad en ese contexto de igualdad que se pretende tenga el acceso a la tecnología.
Y es precisamente en ese punto, donde resulta fundamental el reflexionar si la libertad que se pretende tenga la Red es compatible con el concepto de igualdad de oportunidad bajo el cual se busca sustentar o debiera sustentarse la operación de la misma.
Es decir, bajo ningún contexto se pretende poner en duda la importancia que tiene sostener los principios que sustentan la existencia de una Red libre, sino más bien subrayar la relevancia que ocupa el definir cual es el grado de libertad óptimo en el contexto de maximizar el bienestar social, procurando un grado de seguridad que permita el acceso real de los individuos al uso de la misma.
La legislación sin duda es un elemento primordial para el desarrollo de una Red segura, sin embargo en un ámbito en el que se pretende que la sociedad juegue un rol fundamental en la reforma del Estado resulta imprescindible que no solo se generen leyes sino se instrumenten políticas públicas que permitan a los usuarios el desarrollo de capacidades suficientes para autoproveerse un medio seguro en la Red, que les otorgue una capacidad efectiva de elección y que no quede sujeto al ejercicio de un contexto libertario que reduzca o involucre riesgos que limiten sus posibilidades reales de acceso.
En este contexto, el concepto de igualdad no se puede asumir como la mera conducta de dar a todos lo mismo, ya que como señalara el filósofo estadounidense John Rawls, por encima de cualquier actividad redistributiva, incluso la provisión de bienes primarios, queda subordinada al respeto de la libertad individual. De modo que, el concepto no puede limitarse a dar a todos lo mismo, sino que las desigualdades se sustenten sobre el ofrecimiento de las mismas igualdades de oportunidad.
Asume que no todos requerimos lo mismo, porque no todos partimos de las mismas necesidades, intereses, ni del mismo nivel de posibilidades.
Incluso, el Nobel de Economía de 1998, Profesor Amartya Sen señala que una misma dotación de bienes, no asegura una misma cobertura de necesidades, puesto que estas oscilan según el individuo; en consecuencia, el hablar de facilitar el acceso implica una visión mucho más amplia que la provisión de conexión física, implica incluso un compromiso de desarrollo de medios que permitan al usuario actuar en la Red en un ambiente seguro e incluso autoproveerse dicha seguridad.
Y aquí me permitiré citar a mi compatriota Juan Carlos Guel, quien se desempeña desde hace varios años como Jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo (CERT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien de manera reiterada refiere un punto con el que me encuentro en total acuerdo, referente a que la ciberseguridad es un tema que no puede quedar sujeto a las posibilidades económicas del usuario, puesto que de hacerlo existe el riesgo de que la seguridad se transforme en un bien de lujo, al que solo puedan acceder aquellos con las posibilidades económicas para ello. En cuyo caso se corre el riesgo de que los medios económicos determinen en parte las oportunidades a las que tiene acceso una persona, y que esas oportunidades determinen que tanta libertad de acción posee esa persona, entonces los medios económicos determinarían, en parte, cuánta libertad poseen los individuos. De tal manera que cuanto más medios, mas libertad.
De igual modo, si la protección de la libertad queda restringida al nivel del conocimiento y aptitudes de los usuarios en la Red, entonces la capacidad (humana e institucional) es fundamental para mantener el acceso y garantizar que la sociedad aproveche sus beneficios. La inversión en educación, incluida la alfabetización digital, sigue siendo la forma fundamental de desarrollar la capacidad humana y debería ser el núcleo de cualquier estrategia nacional, regional e internacional en materia de tecnología de la información.
Lo anterior incluso se sostiene con las resoluciones de las Naciones Unidas emitidas durante el período de sesiones de alto nivel llevadas a cabo en Nueva York en el año 2000, en que se expresó que;
“El acceso a la información y el intercambio de conocimientos están en gran parte determinados por la educación, las capacidades, incluidos los recursos, la transparencia de las sociedades, la capacidad para generar y utilizar conocimientos, la interconexión y la disponibilidad de contenidos y aplicaciones diversos, y por el marco normativo y jurídico. Es necesario adoptar medidas urgentes, a nivel nacional e internacional, en esas esferas a fin de mejorar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo y los países con economías en transición, para participar en la economía basada en los conocimientos a fin de promover su desarrollo económico y social.”
En consecuencia, un punto de partida fundamental en la generación de igualdad en el acceso y de promoción a la ciberseguridad implica generar una política educativa e informativa que genere el desarrollo de aptitudes en el individuo, no en vías de limitar su libertad de uso, sino de permitirle convertirse en su principal proveedor de seguridad en el uso de la tecnología y, en esa medida, garantizar sus posibilidades de acceso eficiente, así como las del resto de usuarios.
Ahora bien, por otra parte, frente a este contexto de igualdad basado en garantizar las mismas posibilidades, los usuarios no pueden, ni deben permanecer como estáticos receptores de dichas posibilidades por parte del Estado o como simples reclamantes de derechos frente a él, es necesario que asuman la responsabilidad que tienen sobre el desarrollo de sus propias capacidades y el uso que dan a las Tecnologías de la Información, así como sobre el contexto bajo el cual operan su libre actuar en la Red.
Y es ahí que propongo analizar el contexto idóneo bajo el cual considero los usuarios deben asumir dicha responsabilidad.
A ese respecto, cabe hacer hincapié de que en la mayor parte de los Países en la actualidad, un tema fundamental que ocupa el escenario político es la necesaria Reforma del Estado, que entre otros, surge de factores desencadenantes tales como, la competencia de la nueva economía global y la revolución de la información, que hacen visible la necesidad de modernizar el Estado y asumir las nuevas posibilidades que otorgan las tecnologías a su desarrollo.
En el debate de este tema, una de las acciones que se considera fundamental para lograr una eficiente Reforma del Estado es el del indispensable fortalecimiento de las instituciones.
Pero precisamente aquí es donde debemos adentrarnos en un punto fundamental que es el de definir que se entiende por institución y qué o quiénes deben ocupar dicho rol en el Estado Moderno?
Según la más pura doctrina jurídica, la población constituye un elemento fundamental del Estado, el cual a su vez se compone del conjunto de instituciones con autoridad para establecer las normas que regulan la convivencia social, teniendo soberanía sobre un territorio definido.
En consecuencia, a pesar de no haber sido claramente abordada esta posibilidad, en el Estado moderno la sociedad ha adquirido un papel fundamental, que puede y quizá debiera asumir un perfil institucional, y que a través de políticas que promuevan su educación y conocimiento, permitieran el fortalecimiento de dicho perfil, logrando una participación más directa, influyente e informada de la población en las decisiones del Estado.
En conclusión, el diseño de políticas públicas para el desarrollo de los Estados no puede permanecer desvinculado de los factores económicos y, en consecuencia incluso los términos de natural y tradicional contenido moral en la actualidad deben ser matizados en pro del desarrollo y de la maximización del bienestar social, a fin de otorgar a los individuos efectivas y equitativas posibilidades de acceso y uso de la Red.
[1] Nagel, Thomas. EQUALITY, Mortal Questions. Cambridge University Press. 1979.
INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PASAR DE LA ACCIONES A LA POLÍTICAS PÚBLICAS.
INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PASAR DE LA ACCIONES A LA POLÍTICAS PÚBLICAS.
No están solos (fragmento)* Hindi 'buhsehu (fragmento)*
Somos granos de maíz Dio dethähu
No están solos (fragmento)* Hindi 'buhsehu (fragmento)*
Somos granos de maíz Dio dethähu
de una misma mazorca Gentho 'na tsi thä
Somos una sola raíz Gentho k'ä mä 'yuhu
de un mismo camino. Gentho k'ä mä 'ñuhu.
Thaayrohyadi**
Poeta Otomí, poema publicado en el libro "Ro Mähki Hñä" (La Palabra Sagrada), México, 1988.
Por: Claudia Fonseca Martínez
Preámbulo
De acuerdo al estudio presentado por el Instituto para la Conectividad de las Ámericas bajo el título “Los pueblos indígenas y la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe”, auspiciado por CEPAL; en Latinoamérica existen 400 pueblos indígenas, que comprenden aproximadamente 50 millones de individuos.
Según datos ofrecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas[1], solo en México la población indígena se encuentra integrada por 12 millones de personas, más de la décima parte de la población mexicana. Ocupando el octavo lugar mundial, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.
En México se hablan más de 100 lenguas, de las cuales al menos 62 son de origen indígena.
La riqueza cultural de los pueblos indígenas es innegable y, sin embargo, durante años permanecieron olvidados por los gobiernos, incrementando así su rezago y la discriminación de que han sido objeto.
Con la aparición del modelo de globalización, en principio, las estructuras económicas comenzaron un proceso de transformación bajo el creciente desarrollo tecnológico, el cual adquirió un papel fundamental en la transformación de las estructuras y procesos en el resto de los ámbitos humanos.
En ese proceso de transformación y con el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las naciones asumieron como un objetivo central la inclusión de todos los ciudadanos a la naciente Sociedad de la Información, objetivo que si bien por una parte significó un elemento más de marginación para los pueblos indígenas; por otra parte, sirvió como detonador para que los gobiernos volvieran la cabeza, sea bien por un legítimo reconocimiento o por presión, a los miles de años de rezago y olvido en que se encontraban las comunidades indígenas.
No es posible hoy afirmar que el rezago y marginación de los pueblos indígenas ha sido salvado; pues en conciencia, es digno reconocer que incluso sus más apremiantes problemas aún no encuentran una solución digna, no obstante por medio de su aún incipiente integración y participación en las tecnologías de la información y la comunicación, cuentan actualmente con medios que les permiten comunicar al mundo su enorme riqueza cultural y los serios problemas que aquejan a sus comunidades. Si bien aún continúa existiendo una enorme brecha social y digital a vencer, se han abierto canales de integración que requieren seguir incentivándose, a fin de integrar a estas comunidades a las estructuras y procesos de sus respectivos países.
En consecuencia, en pro de generar un correcto incentivo para la integración indígena a la Sociedad informática, es necesario que los procesos de e-comercio, e-gobierno, e-aprendizaje no se conviertan en mecanismos elitistas y, mucho menos generadores de mayor discriminación o división social.
EL E-GOBIERNO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Con la globalización, el desarrollo tecnológico y la aparición de tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en un elemento de transformación e integración de la sociedad a las nuevas estructuras y procesos.
En el debate internacional se comenzó a tratar como un tema de primordial relevancia la necesaria creación de medios y mecanismos eficientes para promover la transición de todos los procesos y estructuras, así como la inclusión de todos los individuos a la naciente Sociedad de la Información.
En el contenido de la Declaración del Milenio, emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2000, se señala como tarea fundamental conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo; ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de manera desigual al igual que sus costos.
Así, el objetivo se fue haciendo claro, con la globalización el mayor reto parecía ser inicialmente, alcanzar la integración tecnológica mundial, lograr la inclusión de todos los pueblos e individuos a la era digital, y en esa medida se fue dirigiendo la atención a los grupos sociales menos favorecidos, entre ellos los grupos indígenas que para entonces presentaban un alto grado de marginación.
Si bien, ya desde 1991, en la declaración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara, México, se reconocía la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y la pluralidad de nuestras sociedades comprometiéndose con su bienestar económico y social, así como con la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural, no fue sino hasta la declaración de la Cumbre Iberoamericana del 2005 en que de forma clara se establece el compromiso de los países de Iberoámerica de reconocer, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convocada por la ONU, fue asumido incluso, como parte del Proyecto de Acción, el objetivo de construir una infraestructura que permitiera la inclusión digital, la capacitación universal, el acceso sostenible, ubicuo y asequible a las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para todos.
Se promovía el que los gobiernos, y otras partes interesadas, deberían establecer puntos de acceso público comunitario, que proporcionaran a sus ciudadanos acceso asequible o gratuito a los diversos recursos de comunicación y especialmente a Internet.
Se idearon conceptos tales como el de cibergobierno, ámbito dentro del cual se comprendía la implementación de estrategias encaminadas a la innovación y a promover la transparencia en las administraciones públicas y los procesos democráticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos.
Se planteó la necesidad de definir y aplicar políticas para preservar, proteger, respetar y promover la diversidad de la expresión cultural, los conocimientos y las tradiciones indígenas mediante la creación de contenido de información variado y la utilización de diferentes métodos, entre otros la digitalización.
Frente a tal perspectiva y opinión mundial, los países con mayor presencia indígena tuvieron que asumir la integración bajo un acto previo que fue reconocer el rezago e incluir dentro de la propuesta de nación objetivos especialmente dirigidos a la atención de los pueblos indígenas.
En México, la serie de transformaciones que requería la adopción del nuevo modelo socioeconómico mundial, así como los hechos que se dieron a partir del 1º de enero de 1994 con la aparición del ejército zapatista de liberación nacional fueron detonador para que a partir de entonces se convirtiera en un objetivo fundamental de gobierno la integración de los pueblos indígenas al desarrollo del país.
De tal modo, en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se planteo como acción de gobierno:
“Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno respeto a sus usos y costumbres.
Apoyar el proceso de desarrollo integral indígena dentro del contexto nacional creando las condiciones para lograr una comunicación e interacción efectiva con diversos sectores de la sociedad...”[2]
Se estableció que para potenciar la inclusión indígena en la Sociedad de la Información, era necesario avanzar en la definición de propuestas de innovación y políticas sociales de carácter reparador o complementario que fortalecieran los intentos indígenas de superar el desafío de la marginación informática.
SISTEMA NACIONAL e-MÉXICO, UN PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODOS.
Al paso de la tendencia globalizadora mundial, la tecnología fue alcanzando un importante desarrollo que dio paso a la convergencia en medios que, al ser aplicados a las estructuras sociales, económicas y culturales en el mundo, los transformó de tal forma que hizo necesaria la innovación de los procesos y mecanismos que rigen las relaciones sociales.
La invención y desarrollo de la red posibilitaron la transmisión rápida y sencilla de la información y el conocimiento a distancia, beneficio que una vez liberado hacia la sociedad, inicialmente a fines académicos, más tarde de índole comercial y al que después se sumó la idea de la socialización de la red, adhirieron a la información un importante valor económico, convirtiéndola en un elemento de riqueza, haciendo de la participación digital un objetivo primordial de los gobiernos en el mundo.
Siendo la inclusión digital un objetivo fundamental para el desarrollo de las naciones, los gobiernos comenzaron a idear bajo que mecanismos y medios era posible lograr la inclusión y transformar sus estructuras promoviendo su modernización bajo el contexto digital que imperaba en el mundo. En esa búsqueda aparecen conceptos tales como e-gobierno, e-aprendizaje, e-comercio, entre otros; que no son sino conceptos nacidos de la idea de aplicar la tecnología a todos los procesos y estructuras pertenecientes al desarrollo de una sociedad, para no quedar rezagados o, fuera del desarrollo y los mercados mundiales.
El gobierno mexicano no fue la excepción, por lo que comenzaron a desarrollarse acciones gubernamentales que promovían la modernización de las estructuras y procesos nacionales.
En noviembre del 2002, el Presidente Constitucional en México, C. Lic. Vicente Fox Quesada exhortó a la administración pública a cumplir la Agenda de Buen Gobierno, la cual contemplaba entre sus rubros primordiales, el de crear un:
“Gobierno Digital, el cual implica lograr el acceso de los ciudadanos a los servicios e información del gobierno de manera remota, mejorando el desempeño del gobierno y evitando que la inclusión digital se convierta en un elemento de disparidad social y marginación.”[3]
No obstante, ya desde el inicio de su gobierno, el Presidente de la República encomendó al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes la creación del Sistema e-Mexico, buscando reducir la brecha digital con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación e impulsando la integración de todos los ciudadanos al desarrollo digital nacional y ampliar la cobertura de servicios básicos en educación, gobierno, salud, así como de otros servicios a las comunidades, posibilitando la integración de todos los ciudadanos al desarrollo económico y social del país.
El Sistema Nacional e-México fue concebido bajo tres ejes fundamentales: conectividad, contenidos y sistema.
En materia de conectividad se planteó la creación de una red de 3,200 Centros Comunitarios Digitales (CCD’s) y la puesta en operación de una red satelital de alta velocidad, enlazando a cada uno de los municipios del país, ubicándolos en lugares públicos y permitiendo el libre acceso de la población.
En materia de contenidos se definieron 4 rubros a los que se dirigiría la creación y diseño de contenidos: e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno.
En el rubro de e-Gobierno entre otros, se estableció el objetivo de integrar a través del sistema e-México, a los diversos grupos lingüísticos y étnicos de México.
En materia de sistemas se planeó crear un portal del Sistema Nacional e-México, establecer un NAP (punto neutral de acceso a red) para agilizar el intercambio de tráfico de las redes de datos e instalar el Data Center e-México.
DEL PLAN A LA EJECUCIÓN
Durante años se hablo frecuentemente de la necesidad de inclusión digital, de los planes para abatir la brecha digital, de generar la participación de todos los individuos en la Sociedad de la Información, sin embargo las acciones tomadas en la consecución a dichos logros no resultaron del todo eficientes.
Se dio inicio al desarrollo de la infraestructura necesaria con el despliegue en una primera etapa de una red satelital que permitiera la conexión digital incluso en los lugares más alejados del país, para ello se acordó con diversas empresas su participación en la provisión de servicios, tanto para el despliegue de la red como para lograr la conexión digital.
Se puso en marcha un proceso de licitación para designar al operador que se encargaría del despliegue de la primera red que daría conexión a los 3,200 centros comunitarios digitales que comprendía la primera etapa del proyecto, siendo designada para ello la empresa Internet Directo, empresa del grupo IUSA. A los cuales se sumaron como parte de una segunda y tercera etapa, el despliegue en manos de Telmex de dos redes más para dar conexión a los 4,000 CCD’s que fueron inaugurados en julio de 2005, con un monto declarado de inversión hasta ese momento de 250 millones de pesos.
Inversión que para febrero de 2006, según carta aclaratoria emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicada por la revista etcétera[4], ascendía a 914 millones de pesos por la instalación y operación de los 7,200 CCD’s, siendo igualmente reiterado el objetivo de alcanzar hacia el final del sexenio la puesta en operación de un total de 10,000 CCD’s, con lo que se proyecta alcanzar una penetración digital de la población en el país del 70%, considerando incluso la mayor incidencia de penetración digital en los hogares y empresas.
El hecho es que si bien la instalación de CCD’s implicaba una parte importante del proyecto como parte de una acción de gobierno de inclusión digital a toda la población, en la realidad el mero despliegue de la red e instalación de los CCD’s no ha garantizado un avance óptimo en la materia, pues aunque en su instalación se contemplaba asegurar un sistema de fácil acceso, sin un requerimiento de capacitación elevado, la realidad es que de forma paralela a garantizar los medios de conexión se hizo igualmente necesario asumir los intereses, necesidades e incluso lenguas de aquellos que hasta entonces permanecían más alejados del desarrollo nacional.
Porque en un medio donde el hambre y la pobreza son la constante, la llegada de la tecnología constituye sin duda un avance, pero ya con las computadoras instaladas en la comunidad, surge la pregunta, de qué hacer con ellas?
Surge la interrogante que cualquier persona en similar estado haría: Cómo contar con una computadora me ayudará a llevar a mi casa alimento?, lo que se resume en cuestionar, qué hacer ahora que cuento con esta computadora?
Y es ahí donde el proyecto encontró el obstáculo más grande para su desarrollo, porque una vez instaladas las computadoras, el reto fue otro, el objetivo entonces se convirtió en encontrar la forma de integrar, promover y garantizar el adecuado uso de los medios electrónicos.
Y es que contar con las posibilidades de conexión digital es en el mundo actual un elemento esencial de inclusión social, sin embargo para los pueblos marginados las necesidades de alimento y trabajo son prioritarias, por ello buscar los elementos que les hicieran voltear a la utilidad que la red puede generar en sus comunidades ha sido un camino difícil, en él que resulta primordial desligar del proyecto el afán de abanderamiento de las comunidades marginadas, para pasar a los procesos de real utilidad para el desarrollo de las comunidades.
Garantizar que los destinatarios del programa realmente sean sus receptores, asegurando que reciban la información adecuada a sus intereses, en su propia lengua, conforme a sus necesidades. Que se cuente con las capacidades o agentes mínimos necesarios para acceder a la información, que existan capacitadores que les indiquen como abordar la información y como seleccionar la información de acuerdo a sus intereses.
Y sobre todo, un elemento fundamental será garantizar el funcionamiento de los equipos instalados.
MAS QUE UN PROYECTO DE GOBIERNO, UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN
De acuerdo a lo anterior, el reto del Sistema Nacional e-México es lograr que éste sirva a los fines para los que fue creado, entre otros, convertirse en un instrumento de integración digital para todos.
Es indudable que hoy e-México presenta contenidos de gran valor, y de forma reciente ha integrado la posibilidad de acceder a parte de su contenido en dos lenguas indígenas, lo cual constituye un enorme paso que merece aplaudirse y reconocerse, pero que no solo debe servir para el reconocimiento y valoración de la riqueza cultural de los pueblos indígenas, sino incluso de sus necesidades.
El llamamiento no solo debe restringirse a una acción en pro de los pueblos indígenas sino deber ser asumido como un real llamado de atención a sus necesidades. Porque por un lado se les dan computadoras, mientras por el otro, se restringe su oportunidad de crear radios comunitarias.
Hoy se avanza indudablemente en la integración de los pueblos indígenas al asumir la existencia de su lengua, tradiciones y cultura en general. Sin embargo, existe aún mucho camino que recorrer, al promover que la inclusión digital de las comunidades indígenas no implique solo el reconocer su riqueza cultural y ser medio de promoción de ésta hacia el mundo, sino de que su llamado de ayuda sea escuchado y que se genere el camino por el cual la integración de las comunidades indígenas a la Sociedad de la Información les ofrezca medios útiles de supervivencia y resulte una fuente de avance y beneficios reales para sus comunidades.
Para ello se vuelve absolutamente necesario pasar de una acción de gobierno a la adopción de políticas públicas efectivas en la materia que impliquen asumir una efectiva integración de las comunidades indígenas a los beneficios de la Sociedad de la Información, mediante la capacitación, la educación y la integración, no solo cultural, sino social y económica de los pueblos indígenas.
Se requiere no solo hacer disponible la tecnología, sino promover y propiciar su uso, pues una buena inversión no es aquella que cumple con el proyecto, sino aquella que genera rendimientos óptimos. Aquella que, una vez generado el producto, lo transforma en un bien, cuyo valor se transforme en necesidad de consumo.
Al fin de cuentas, el buen inversionista jamás invertirá solo en la construcción de bellos aparadores, para después estar conforme con no obtener rendimientos óptimos de su inversión. Por ello, la promoción del valor y bondades del producto es que se vuelve no solo trascendental, sino obligatoria.
[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. http://cdi.gob.mx/index.php
[2] Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la República. pnd.presidencia.gob.mx
[3] Agenda de Buen Gobierno en México, www.innova.gob.mx/archivos/9/files/archivos/sip-5049.pdf .
[4]Nota periodística revisa etcétera, “Televisa ignora precisiones de la SCT sobre e-México”, http://www.etcetera.com.mx/pagsct1ne64.asp
Thaayrohyadi**
Poeta Otomí, poema publicado en el libro "Ro Mähki Hñä" (La Palabra Sagrada), México, 1988.
Por: Claudia Fonseca Martínez
Preámbulo
De acuerdo al estudio presentado por el Instituto para la Conectividad de las Ámericas bajo el título “Los pueblos indígenas y la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe”, auspiciado por CEPAL; en Latinoamérica existen 400 pueblos indígenas, que comprenden aproximadamente 50 millones de individuos.
Según datos ofrecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas[1], solo en México la población indígena se encuentra integrada por 12 millones de personas, más de la décima parte de la población mexicana. Ocupando el octavo lugar mundial, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.
En México se hablan más de 100 lenguas, de las cuales al menos 62 son de origen indígena.
La riqueza cultural de los pueblos indígenas es innegable y, sin embargo, durante años permanecieron olvidados por los gobiernos, incrementando así su rezago y la discriminación de que han sido objeto.
Con la aparición del modelo de globalización, en principio, las estructuras económicas comenzaron un proceso de transformación bajo el creciente desarrollo tecnológico, el cual adquirió un papel fundamental en la transformación de las estructuras y procesos en el resto de los ámbitos humanos.
En ese proceso de transformación y con el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las naciones asumieron como un objetivo central la inclusión de todos los ciudadanos a la naciente Sociedad de la Información, objetivo que si bien por una parte significó un elemento más de marginación para los pueblos indígenas; por otra parte, sirvió como detonador para que los gobiernos volvieran la cabeza, sea bien por un legítimo reconocimiento o por presión, a los miles de años de rezago y olvido en que se encontraban las comunidades indígenas.
No es posible hoy afirmar que el rezago y marginación de los pueblos indígenas ha sido salvado; pues en conciencia, es digno reconocer que incluso sus más apremiantes problemas aún no encuentran una solución digna, no obstante por medio de su aún incipiente integración y participación en las tecnologías de la información y la comunicación, cuentan actualmente con medios que les permiten comunicar al mundo su enorme riqueza cultural y los serios problemas que aquejan a sus comunidades. Si bien aún continúa existiendo una enorme brecha social y digital a vencer, se han abierto canales de integración que requieren seguir incentivándose, a fin de integrar a estas comunidades a las estructuras y procesos de sus respectivos países.
En consecuencia, en pro de generar un correcto incentivo para la integración indígena a la Sociedad informática, es necesario que los procesos de e-comercio, e-gobierno, e-aprendizaje no se conviertan en mecanismos elitistas y, mucho menos generadores de mayor discriminación o división social.
EL E-GOBIERNO COMO UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Con la globalización, el desarrollo tecnológico y la aparición de tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en un elemento de transformación e integración de la sociedad a las nuevas estructuras y procesos.
En el debate internacional se comenzó a tratar como un tema de primordial relevancia la necesaria creación de medios y mecanismos eficientes para promover la transición de todos los procesos y estructuras, así como la inclusión de todos los individuos a la naciente Sociedad de la Información.
En el contenido de la Declaración del Milenio, emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2000, se señala como tarea fundamental conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo; ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de manera desigual al igual que sus costos.
Así, el objetivo se fue haciendo claro, con la globalización el mayor reto parecía ser inicialmente, alcanzar la integración tecnológica mundial, lograr la inclusión de todos los pueblos e individuos a la era digital, y en esa medida se fue dirigiendo la atención a los grupos sociales menos favorecidos, entre ellos los grupos indígenas que para entonces presentaban un alto grado de marginación.
Si bien, ya desde 1991, en la declaración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara, México, se reconocía la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y la pluralidad de nuestras sociedades comprometiéndose con su bienestar económico y social, así como con la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural, no fue sino hasta la declaración de la Cumbre Iberoamericana del 2005 en que de forma clara se establece el compromiso de los países de Iberoámerica de reconocer, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convocada por la ONU, fue asumido incluso, como parte del Proyecto de Acción, el objetivo de construir una infraestructura que permitiera la inclusión digital, la capacitación universal, el acceso sostenible, ubicuo y asequible a las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para todos.
Se promovía el que los gobiernos, y otras partes interesadas, deberían establecer puntos de acceso público comunitario, que proporcionaran a sus ciudadanos acceso asequible o gratuito a los diversos recursos de comunicación y especialmente a Internet.
Se idearon conceptos tales como el de cibergobierno, ámbito dentro del cual se comprendía la implementación de estrategias encaminadas a la innovación y a promover la transparencia en las administraciones públicas y los procesos democráticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos.
Se planteó la necesidad de definir y aplicar políticas para preservar, proteger, respetar y promover la diversidad de la expresión cultural, los conocimientos y las tradiciones indígenas mediante la creación de contenido de información variado y la utilización de diferentes métodos, entre otros la digitalización.
Frente a tal perspectiva y opinión mundial, los países con mayor presencia indígena tuvieron que asumir la integración bajo un acto previo que fue reconocer el rezago e incluir dentro de la propuesta de nación objetivos especialmente dirigidos a la atención de los pueblos indígenas.
En México, la serie de transformaciones que requería la adopción del nuevo modelo socioeconómico mundial, así como los hechos que se dieron a partir del 1º de enero de 1994 con la aparición del ejército zapatista de liberación nacional fueron detonador para que a partir de entonces se convirtiera en un objetivo fundamental de gobierno la integración de los pueblos indígenas al desarrollo del país.
De tal modo, en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se planteo como acción de gobierno:
“Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno respeto a sus usos y costumbres.
Apoyar el proceso de desarrollo integral indígena dentro del contexto nacional creando las condiciones para lograr una comunicación e interacción efectiva con diversos sectores de la sociedad...”[2]
Se estableció que para potenciar la inclusión indígena en la Sociedad de la Información, era necesario avanzar en la definición de propuestas de innovación y políticas sociales de carácter reparador o complementario que fortalecieran los intentos indígenas de superar el desafío de la marginación informática.
SISTEMA NACIONAL e-MÉXICO, UN PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODOS.
Al paso de la tendencia globalizadora mundial, la tecnología fue alcanzando un importante desarrollo que dio paso a la convergencia en medios que, al ser aplicados a las estructuras sociales, económicas y culturales en el mundo, los transformó de tal forma que hizo necesaria la innovación de los procesos y mecanismos que rigen las relaciones sociales.
La invención y desarrollo de la red posibilitaron la transmisión rápida y sencilla de la información y el conocimiento a distancia, beneficio que una vez liberado hacia la sociedad, inicialmente a fines académicos, más tarde de índole comercial y al que después se sumó la idea de la socialización de la red, adhirieron a la información un importante valor económico, convirtiéndola en un elemento de riqueza, haciendo de la participación digital un objetivo primordial de los gobiernos en el mundo.
Siendo la inclusión digital un objetivo fundamental para el desarrollo de las naciones, los gobiernos comenzaron a idear bajo que mecanismos y medios era posible lograr la inclusión y transformar sus estructuras promoviendo su modernización bajo el contexto digital que imperaba en el mundo. En esa búsqueda aparecen conceptos tales como e-gobierno, e-aprendizaje, e-comercio, entre otros; que no son sino conceptos nacidos de la idea de aplicar la tecnología a todos los procesos y estructuras pertenecientes al desarrollo de una sociedad, para no quedar rezagados o, fuera del desarrollo y los mercados mundiales.
El gobierno mexicano no fue la excepción, por lo que comenzaron a desarrollarse acciones gubernamentales que promovían la modernización de las estructuras y procesos nacionales.
En noviembre del 2002, el Presidente Constitucional en México, C. Lic. Vicente Fox Quesada exhortó a la administración pública a cumplir la Agenda de Buen Gobierno, la cual contemplaba entre sus rubros primordiales, el de crear un:
“Gobierno Digital, el cual implica lograr el acceso de los ciudadanos a los servicios e información del gobierno de manera remota, mejorando el desempeño del gobierno y evitando que la inclusión digital se convierta en un elemento de disparidad social y marginación.”[3]
No obstante, ya desde el inicio de su gobierno, el Presidente de la República encomendó al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes la creación del Sistema e-Mexico, buscando reducir la brecha digital con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación e impulsando la integración de todos los ciudadanos al desarrollo digital nacional y ampliar la cobertura de servicios básicos en educación, gobierno, salud, así como de otros servicios a las comunidades, posibilitando la integración de todos los ciudadanos al desarrollo económico y social del país.
El Sistema Nacional e-México fue concebido bajo tres ejes fundamentales: conectividad, contenidos y sistema.
En materia de conectividad se planteó la creación de una red de 3,200 Centros Comunitarios Digitales (CCD’s) y la puesta en operación de una red satelital de alta velocidad, enlazando a cada uno de los municipios del país, ubicándolos en lugares públicos y permitiendo el libre acceso de la población.
En materia de contenidos se definieron 4 rubros a los que se dirigiría la creación y diseño de contenidos: e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno.
En el rubro de e-Gobierno entre otros, se estableció el objetivo de integrar a través del sistema e-México, a los diversos grupos lingüísticos y étnicos de México.
En materia de sistemas se planeó crear un portal del Sistema Nacional e-México, establecer un NAP (punto neutral de acceso a red) para agilizar el intercambio de tráfico de las redes de datos e instalar el Data Center e-México.
DEL PLAN A LA EJECUCIÓN
Durante años se hablo frecuentemente de la necesidad de inclusión digital, de los planes para abatir la brecha digital, de generar la participación de todos los individuos en la Sociedad de la Información, sin embargo las acciones tomadas en la consecución a dichos logros no resultaron del todo eficientes.
Se dio inicio al desarrollo de la infraestructura necesaria con el despliegue en una primera etapa de una red satelital que permitiera la conexión digital incluso en los lugares más alejados del país, para ello se acordó con diversas empresas su participación en la provisión de servicios, tanto para el despliegue de la red como para lograr la conexión digital.
Se puso en marcha un proceso de licitación para designar al operador que se encargaría del despliegue de la primera red que daría conexión a los 3,200 centros comunitarios digitales que comprendía la primera etapa del proyecto, siendo designada para ello la empresa Internet Directo, empresa del grupo IUSA. A los cuales se sumaron como parte de una segunda y tercera etapa, el despliegue en manos de Telmex de dos redes más para dar conexión a los 4,000 CCD’s que fueron inaugurados en julio de 2005, con un monto declarado de inversión hasta ese momento de 250 millones de pesos.
Inversión que para febrero de 2006, según carta aclaratoria emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicada por la revista etcétera[4], ascendía a 914 millones de pesos por la instalación y operación de los 7,200 CCD’s, siendo igualmente reiterado el objetivo de alcanzar hacia el final del sexenio la puesta en operación de un total de 10,000 CCD’s, con lo que se proyecta alcanzar una penetración digital de la población en el país del 70%, considerando incluso la mayor incidencia de penetración digital en los hogares y empresas.
El hecho es que si bien la instalación de CCD’s implicaba una parte importante del proyecto como parte de una acción de gobierno de inclusión digital a toda la población, en la realidad el mero despliegue de la red e instalación de los CCD’s no ha garantizado un avance óptimo en la materia, pues aunque en su instalación se contemplaba asegurar un sistema de fácil acceso, sin un requerimiento de capacitación elevado, la realidad es que de forma paralela a garantizar los medios de conexión se hizo igualmente necesario asumir los intereses, necesidades e incluso lenguas de aquellos que hasta entonces permanecían más alejados del desarrollo nacional.
Porque en un medio donde el hambre y la pobreza son la constante, la llegada de la tecnología constituye sin duda un avance, pero ya con las computadoras instaladas en la comunidad, surge la pregunta, de qué hacer con ellas?
Surge la interrogante que cualquier persona en similar estado haría: Cómo contar con una computadora me ayudará a llevar a mi casa alimento?, lo que se resume en cuestionar, qué hacer ahora que cuento con esta computadora?
Y es ahí donde el proyecto encontró el obstáculo más grande para su desarrollo, porque una vez instaladas las computadoras, el reto fue otro, el objetivo entonces se convirtió en encontrar la forma de integrar, promover y garantizar el adecuado uso de los medios electrónicos.
Y es que contar con las posibilidades de conexión digital es en el mundo actual un elemento esencial de inclusión social, sin embargo para los pueblos marginados las necesidades de alimento y trabajo son prioritarias, por ello buscar los elementos que les hicieran voltear a la utilidad que la red puede generar en sus comunidades ha sido un camino difícil, en él que resulta primordial desligar del proyecto el afán de abanderamiento de las comunidades marginadas, para pasar a los procesos de real utilidad para el desarrollo de las comunidades.
Garantizar que los destinatarios del programa realmente sean sus receptores, asegurando que reciban la información adecuada a sus intereses, en su propia lengua, conforme a sus necesidades. Que se cuente con las capacidades o agentes mínimos necesarios para acceder a la información, que existan capacitadores que les indiquen como abordar la información y como seleccionar la información de acuerdo a sus intereses.
Y sobre todo, un elemento fundamental será garantizar el funcionamiento de los equipos instalados.
MAS QUE UN PROYECTO DE GOBIERNO, UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN
De acuerdo a lo anterior, el reto del Sistema Nacional e-México es lograr que éste sirva a los fines para los que fue creado, entre otros, convertirse en un instrumento de integración digital para todos.
Es indudable que hoy e-México presenta contenidos de gran valor, y de forma reciente ha integrado la posibilidad de acceder a parte de su contenido en dos lenguas indígenas, lo cual constituye un enorme paso que merece aplaudirse y reconocerse, pero que no solo debe servir para el reconocimiento y valoración de la riqueza cultural de los pueblos indígenas, sino incluso de sus necesidades.
El llamamiento no solo debe restringirse a una acción en pro de los pueblos indígenas sino deber ser asumido como un real llamado de atención a sus necesidades. Porque por un lado se les dan computadoras, mientras por el otro, se restringe su oportunidad de crear radios comunitarias.
Hoy se avanza indudablemente en la integración de los pueblos indígenas al asumir la existencia de su lengua, tradiciones y cultura en general. Sin embargo, existe aún mucho camino que recorrer, al promover que la inclusión digital de las comunidades indígenas no implique solo el reconocer su riqueza cultural y ser medio de promoción de ésta hacia el mundo, sino de que su llamado de ayuda sea escuchado y que se genere el camino por el cual la integración de las comunidades indígenas a la Sociedad de la Información les ofrezca medios útiles de supervivencia y resulte una fuente de avance y beneficios reales para sus comunidades.
Para ello se vuelve absolutamente necesario pasar de una acción de gobierno a la adopción de políticas públicas efectivas en la materia que impliquen asumir una efectiva integración de las comunidades indígenas a los beneficios de la Sociedad de la Información, mediante la capacitación, la educación y la integración, no solo cultural, sino social y económica de los pueblos indígenas.
Se requiere no solo hacer disponible la tecnología, sino promover y propiciar su uso, pues una buena inversión no es aquella que cumple con el proyecto, sino aquella que genera rendimientos óptimos. Aquella que, una vez generado el producto, lo transforma en un bien, cuyo valor se transforme en necesidad de consumo.
Al fin de cuentas, el buen inversionista jamás invertirá solo en la construcción de bellos aparadores, para después estar conforme con no obtener rendimientos óptimos de su inversión. Por ello, la promoción del valor y bondades del producto es que se vuelve no solo trascendental, sino obligatoria.
[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. http://cdi.gob.mx/index.php
[2] Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la República. pnd.presidencia.gob.mx
[3] Agenda de Buen Gobierno en México, www.innova.gob.mx/archivos/9/files/archivos/sip-5049.pdf .
[4]Nota periodística revisa etcétera, “Televisa ignora precisiones de la SCT sobre e-México”, http://www.etcetera.com.mx/pagsct1ne64.asp
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