EL VALOR DE LA IGUALDAD Y EL ROL SOCIAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
Por: Claudia Fonseca Mtz.
En el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de las TICs y la Sociedad de la Información, conceptos como el de igualdad y libertad se han antepuesto frecuentemente al debate y análisis, especialmente en temas como acceso y seguridad.
Se ha sostenido con vehemencia la importancia de garantizar y mantener una red libre que permita por igual el acceso a todos los individuos, y que permita cumplir con el objetivo de disminuir la brecha tecnológica que hoy determina de acuerdo a lo señalado por la OCDE, serias diferencias culturales y en el nivel de riqueza entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en desarrollo. De tal manera, vemos que las acciones y debate de estos temas, hasta el día de hoy se encuentran profundamente influenciados por estos conceptos, los cuales sin embargo no han sido claramente dimensionados.
El empleo de los términos de igualdad y libertad como principios directrices de las decisiones y acciones, hasta hoy se ha fundado primordialmente en una natural consideración de moralidad, justicia social e igualdad política; que si bien se buscan desarrollar en paralelo al carácter económico del hecho que desencadenó la conformación y desarrollo de la actual Sociedad de la Información, nunca se mezclan con esté, lo cual constituye en mi percepción un serio error.
Es decir, al otorgar a la información un valor fundamentalmente económico se originó un cambio estructural inicialmente en el mercado mundial y la economía, mismo que posteriormente imprimió ese mismo contenido económico al desarrollo de las TICs, y a la transformación de las estructuras sociales, culturales y políticas en el mundo, de forma tal que, hoy casi ningún término por más contenido social, político o moral desde el cual quiera ser observado, puede ser visto sin considerar la influencia que sobre él ejercen los factores económicos.
De tal forma, la adopción de la igualdad y la libertad como principios que deben fundamentar el diseño e instrumentación de políticas públicas en la era de la información, no deben solo basarse en percepciones morales y dejar de lado la influencia que sobre ellos generan los factores y principios propios de la economía global, tales como el de eficiencia y la función de maximización del bienestar.
En el tema de accesibilidad o acceso a la tecnología, el diseño de políticas públicas se ha dirigido con particular énfasis al objetivo de ofrecer en un plano físico, más quiza no tan fáctico, puntos de conexión públicos para la integración de todos los individuos al uso de las TICs y, en un segundo plano, proporcionar la libertad de elección en cuanto a la forma de intervenir, abordar, informar o hacer uso de ellas bajo una participación en condiciones de igualdad de oportunidades. Al menos, es así como ha sido expresado en muy diversos foros internacionales de debate.
No obstante, el uso de conceptos tales como igualdad y libertad fueron asumidos bajo un contenido exclusivo de idealismo moral, dejando de lado las influencias particulares que sobre dichos conceptos ha adicionado en la actualidad la economía.
En términos de acceso se ha expresado como objetivo fundamental el generar suficientes puntos de acceso y medios idóneos para promover la inclusión igualitaria de todos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No obstante, en el debate y diseño de políticas públicas la visión moral de igualdad en materia de inclusión, no solo debe considerar la igualdad en la provisión o en los derechos, sino incluso en la oportunidad, esto es, generar la misma probabilidad de éxito, colocando a los individuos en igualdad de posibilidades de acceso.
Y es precisamente cuando se habla de igualdad en las posibilidades de acceso, donde debemos detenernos a considerar lo que involucra, y cuestionar si sencillamente se refiere a ofrecer un medio físico de conexión? o; implica incluso ofrecer los medios que permitan el desarrollo de las capacidades para alcanzar un acceso efectivo y una participación real en la Red? e incluso específicamente en materia de seguridad, definir cuanto de ese acceso real esta relacionado al desarrollo de medidas que garanticen la seguridad en la Red?
Asumir entonces este contexto de igualdad de oportunidad, hace necesario adentrarnos en lo que dicho concepto implica y requiere, asumiendo lo sostenido por el filosófo estadounidense Thomas Nagel quien sostiene que para alcanzar incluso un moderado grado de igualdad es necesario restringir la libertad.
“If equality is in itself good, then producing it may be worth a certain amount of inefficiency and loss of liberty”[1]
Lo anterior choca sin duda con el principal argumento sobre el cual se sostienen los debates legislativos para la conformación de leyes en materia de ciberseguridad, en los que con frecuencia se argumenta que no se puede restringir la libertad de la Red en aras de generar una supuesta seguridad, lo cual sin duda es así; sin embargo es imprescindible marcar la tenue línea que existe entre salvaguardar la libertad de unos y proveer a otros de oportunidad en ese contexto de igualdad que se pretende tenga el acceso a la tecnología.
Y es precisamente en ese punto, donde resulta fundamental el reflexionar si la libertad que se pretende tenga la Red es compatible con el concepto de igualdad de oportunidad bajo el cual se busca sustentar o debiera sustentarse la operación de la misma.
Es decir, bajo ningún contexto se pretende poner en duda la importancia que tiene sostener los principios que sustentan la existencia de una Red libre, sino más bien subrayar la relevancia que ocupa el definir cual es el grado de libertad óptimo en el contexto de maximizar el bienestar social, procurando un grado de seguridad que permita el acceso real de los individuos al uso de la misma.
La legislación sin duda es un elemento primordial para el desarrollo de una Red segura, sin embargo en un ámbito en el que se pretende que la sociedad juegue un rol fundamental en la reforma del Estado resulta imprescindible que no solo se generen leyes sino se instrumenten políticas públicas que permitan a los usuarios el desarrollo de capacidades suficientes para autoproveerse un medio seguro en la Red, que les otorgue una capacidad efectiva de elección y que no quede sujeto al ejercicio de un contexto libertario que reduzca o involucre riesgos que limiten sus posibilidades reales de acceso.
En este contexto, el concepto de igualdad no se puede asumir como la mera conducta de dar a todos lo mismo, ya que como señalara el filósofo estadounidense John Rawls, por encima de cualquier actividad redistributiva, incluso la provisión de bienes primarios, queda subordinada al respeto de la libertad individual. De modo que, el concepto no puede limitarse a dar a todos lo mismo, sino que las desigualdades se sustenten sobre el ofrecimiento de las mismas igualdades de oportunidad.
Asume que no todos requerimos lo mismo, porque no todos partimos de las mismas necesidades, intereses, ni del mismo nivel de posibilidades.
Incluso, el Nobel de Economía de 1998, Profesor Amartya Sen señala que una misma dotación de bienes, no asegura una misma cobertura de necesidades, puesto que estas oscilan según el individuo; en consecuencia, el hablar de facilitar el acceso implica una visión mucho más amplia que la provisión de conexión física, implica incluso un compromiso de desarrollo de medios que permitan al usuario actuar en la Red en un ambiente seguro e incluso autoproveerse dicha seguridad.
Y aquí me permitiré citar a mi compatriota Juan Carlos Guel, quien se desempeña desde hace varios años como Jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo (CERT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien de manera reiterada refiere un punto con el que me encuentro en total acuerdo, referente a que la ciberseguridad es un tema que no puede quedar sujeto a las posibilidades económicas del usuario, puesto que de hacerlo existe el riesgo de que la seguridad se transforme en un bien de lujo, al que solo puedan acceder aquellos con las posibilidades económicas para ello. En cuyo caso se corre el riesgo de que los medios económicos determinen en parte las oportunidades a las que tiene acceso una persona, y que esas oportunidades determinen que tanta libertad de acción posee esa persona, entonces los medios económicos determinarían, en parte, cuánta libertad poseen los individuos. De tal manera que cuanto más medios, mas libertad.
De igual modo, si la protección de la libertad queda restringida al nivel del conocimiento y aptitudes de los usuarios en la Red, entonces la capacidad (humana e institucional) es fundamental para mantener el acceso y garantizar que la sociedad aproveche sus beneficios. La inversión en educación, incluida la alfabetización digital, sigue siendo la forma fundamental de desarrollar la capacidad humana y debería ser el núcleo de cualquier estrategia nacional, regional e internacional en materia de tecnología de la información.
Lo anterior incluso se sostiene con las resoluciones de las Naciones Unidas emitidas durante el período de sesiones de alto nivel llevadas a cabo en Nueva York en el año 2000, en que se expresó que;
“El acceso a la información y el intercambio de conocimientos están en gran parte determinados por la educación, las capacidades, incluidos los recursos, la transparencia de las sociedades, la capacidad para generar y utilizar conocimientos, la interconexión y la disponibilidad de contenidos y aplicaciones diversos, y por el marco normativo y jurídico. Es necesario adoptar medidas urgentes, a nivel nacional e internacional, en esas esferas a fin de mejorar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo y los países con economías en transición, para participar en la economía basada en los conocimientos a fin de promover su desarrollo económico y social.”
En consecuencia, un punto de partida fundamental en la generación de igualdad en el acceso y de promoción a la ciberseguridad implica generar una política educativa e informativa que genere el desarrollo de aptitudes en el individuo, no en vías de limitar su libertad de uso, sino de permitirle convertirse en su principal proveedor de seguridad en el uso de la tecnología y, en esa medida, garantizar sus posibilidades de acceso eficiente, así como las del resto de usuarios.
Ahora bien, por otra parte, frente a este contexto de igualdad basado en garantizar las mismas posibilidades, los usuarios no pueden, ni deben permanecer como estáticos receptores de dichas posibilidades por parte del Estado o como simples reclamantes de derechos frente a él, es necesario que asuman la responsabilidad que tienen sobre el desarrollo de sus propias capacidades y el uso que dan a las Tecnologías de la Información, así como sobre el contexto bajo el cual operan su libre actuar en la Red.
Y es ahí que propongo analizar el contexto idóneo bajo el cual considero los usuarios deben asumir dicha responsabilidad.
A ese respecto, cabe hacer hincapié de que en la mayor parte de los Países en la actualidad, un tema fundamental que ocupa el escenario político es la necesaria Reforma del Estado, que entre otros, surge de factores desencadenantes tales como, la competencia de la nueva economía global y la revolución de la información, que hacen visible la necesidad de modernizar el Estado y asumir las nuevas posibilidades que otorgan las tecnologías a su desarrollo.
En el debate de este tema, una de las acciones que se considera fundamental para lograr una eficiente Reforma del Estado es el del indispensable fortalecimiento de las instituciones.
Pero precisamente aquí es donde debemos adentrarnos en un punto fundamental que es el de definir que se entiende por institución y qué o quiénes deben ocupar dicho rol en el Estado Moderno?
Según la más pura doctrina jurídica, la población constituye un elemento fundamental del Estado, el cual a su vez se compone del conjunto de instituciones con autoridad para establecer las normas que regulan la convivencia social, teniendo soberanía sobre un territorio definido.
En consecuencia, a pesar de no haber sido claramente abordada esta posibilidad, en el Estado moderno la sociedad ha adquirido un papel fundamental, que puede y quizá debiera asumir un perfil institucional, y que a través de políticas que promuevan su educación y conocimiento, permitieran el fortalecimiento de dicho perfil, logrando una participación más directa, influyente e informada de la población en las decisiones del Estado.
En conclusión, el diseño de políticas públicas para el desarrollo de los Estados no puede permanecer desvinculado de los factores económicos y, en consecuencia incluso los términos de natural y tradicional contenido moral en la actualidad deben ser matizados en pro del desarrollo y de la maximización del bienestar social, a fin de otorgar a los individuos efectivas y equitativas posibilidades de acceso y uso de la Red.
[1] Nagel, Thomas. EQUALITY, Mortal Questions. Cambridge University Press. 1979.
Por: Claudia Fonseca Mtz.
En el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de las TICs y la Sociedad de la Información, conceptos como el de igualdad y libertad se han antepuesto frecuentemente al debate y análisis, especialmente en temas como acceso y seguridad.
Se ha sostenido con vehemencia la importancia de garantizar y mantener una red libre que permita por igual el acceso a todos los individuos, y que permita cumplir con el objetivo de disminuir la brecha tecnológica que hoy determina de acuerdo a lo señalado por la OCDE, serias diferencias culturales y en el nivel de riqueza entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en desarrollo. De tal manera, vemos que las acciones y debate de estos temas, hasta el día de hoy se encuentran profundamente influenciados por estos conceptos, los cuales sin embargo no han sido claramente dimensionados.
El empleo de los términos de igualdad y libertad como principios directrices de las decisiones y acciones, hasta hoy se ha fundado primordialmente en una natural consideración de moralidad, justicia social e igualdad política; que si bien se buscan desarrollar en paralelo al carácter económico del hecho que desencadenó la conformación y desarrollo de la actual Sociedad de la Información, nunca se mezclan con esté, lo cual constituye en mi percepción un serio error.
Es decir, al otorgar a la información un valor fundamentalmente económico se originó un cambio estructural inicialmente en el mercado mundial y la economía, mismo que posteriormente imprimió ese mismo contenido económico al desarrollo de las TICs, y a la transformación de las estructuras sociales, culturales y políticas en el mundo, de forma tal que, hoy casi ningún término por más contenido social, político o moral desde el cual quiera ser observado, puede ser visto sin considerar la influencia que sobre él ejercen los factores económicos.
De tal forma, la adopción de la igualdad y la libertad como principios que deben fundamentar el diseño e instrumentación de políticas públicas en la era de la información, no deben solo basarse en percepciones morales y dejar de lado la influencia que sobre ellos generan los factores y principios propios de la economía global, tales como el de eficiencia y la función de maximización del bienestar.
En el tema de accesibilidad o acceso a la tecnología, el diseño de políticas públicas se ha dirigido con particular énfasis al objetivo de ofrecer en un plano físico, más quiza no tan fáctico, puntos de conexión públicos para la integración de todos los individuos al uso de las TICs y, en un segundo plano, proporcionar la libertad de elección en cuanto a la forma de intervenir, abordar, informar o hacer uso de ellas bajo una participación en condiciones de igualdad de oportunidades. Al menos, es así como ha sido expresado en muy diversos foros internacionales de debate.
No obstante, el uso de conceptos tales como igualdad y libertad fueron asumidos bajo un contenido exclusivo de idealismo moral, dejando de lado las influencias particulares que sobre dichos conceptos ha adicionado en la actualidad la economía.
En términos de acceso se ha expresado como objetivo fundamental el generar suficientes puntos de acceso y medios idóneos para promover la inclusión igualitaria de todos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No obstante, en el debate y diseño de políticas públicas la visión moral de igualdad en materia de inclusión, no solo debe considerar la igualdad en la provisión o en los derechos, sino incluso en la oportunidad, esto es, generar la misma probabilidad de éxito, colocando a los individuos en igualdad de posibilidades de acceso.
Y es precisamente cuando se habla de igualdad en las posibilidades de acceso, donde debemos detenernos a considerar lo que involucra, y cuestionar si sencillamente se refiere a ofrecer un medio físico de conexión? o; implica incluso ofrecer los medios que permitan el desarrollo de las capacidades para alcanzar un acceso efectivo y una participación real en la Red? e incluso específicamente en materia de seguridad, definir cuanto de ese acceso real esta relacionado al desarrollo de medidas que garanticen la seguridad en la Red?
Asumir entonces este contexto de igualdad de oportunidad, hace necesario adentrarnos en lo que dicho concepto implica y requiere, asumiendo lo sostenido por el filosófo estadounidense Thomas Nagel quien sostiene que para alcanzar incluso un moderado grado de igualdad es necesario restringir la libertad.
“If equality is in itself good, then producing it may be worth a certain amount of inefficiency and loss of liberty”[1]
Lo anterior choca sin duda con el principal argumento sobre el cual se sostienen los debates legislativos para la conformación de leyes en materia de ciberseguridad, en los que con frecuencia se argumenta que no se puede restringir la libertad de la Red en aras de generar una supuesta seguridad, lo cual sin duda es así; sin embargo es imprescindible marcar la tenue línea que existe entre salvaguardar la libertad de unos y proveer a otros de oportunidad en ese contexto de igualdad que se pretende tenga el acceso a la tecnología.
Y es precisamente en ese punto, donde resulta fundamental el reflexionar si la libertad que se pretende tenga la Red es compatible con el concepto de igualdad de oportunidad bajo el cual se busca sustentar o debiera sustentarse la operación de la misma.
Es decir, bajo ningún contexto se pretende poner en duda la importancia que tiene sostener los principios que sustentan la existencia de una Red libre, sino más bien subrayar la relevancia que ocupa el definir cual es el grado de libertad óptimo en el contexto de maximizar el bienestar social, procurando un grado de seguridad que permita el acceso real de los individuos al uso de la misma.
La legislación sin duda es un elemento primordial para el desarrollo de una Red segura, sin embargo en un ámbito en el que se pretende que la sociedad juegue un rol fundamental en la reforma del Estado resulta imprescindible que no solo se generen leyes sino se instrumenten políticas públicas que permitan a los usuarios el desarrollo de capacidades suficientes para autoproveerse un medio seguro en la Red, que les otorgue una capacidad efectiva de elección y que no quede sujeto al ejercicio de un contexto libertario que reduzca o involucre riesgos que limiten sus posibilidades reales de acceso.
En este contexto, el concepto de igualdad no se puede asumir como la mera conducta de dar a todos lo mismo, ya que como señalara el filósofo estadounidense John Rawls, por encima de cualquier actividad redistributiva, incluso la provisión de bienes primarios, queda subordinada al respeto de la libertad individual. De modo que, el concepto no puede limitarse a dar a todos lo mismo, sino que las desigualdades se sustenten sobre el ofrecimiento de las mismas igualdades de oportunidad.
Asume que no todos requerimos lo mismo, porque no todos partimos de las mismas necesidades, intereses, ni del mismo nivel de posibilidades.
Incluso, el Nobel de Economía de 1998, Profesor Amartya Sen señala que una misma dotación de bienes, no asegura una misma cobertura de necesidades, puesto que estas oscilan según el individuo; en consecuencia, el hablar de facilitar el acceso implica una visión mucho más amplia que la provisión de conexión física, implica incluso un compromiso de desarrollo de medios que permitan al usuario actuar en la Red en un ambiente seguro e incluso autoproveerse dicha seguridad.
Y aquí me permitiré citar a mi compatriota Juan Carlos Guel, quien se desempeña desde hace varios años como Jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo (CERT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien de manera reiterada refiere un punto con el que me encuentro en total acuerdo, referente a que la ciberseguridad es un tema que no puede quedar sujeto a las posibilidades económicas del usuario, puesto que de hacerlo existe el riesgo de que la seguridad se transforme en un bien de lujo, al que solo puedan acceder aquellos con las posibilidades económicas para ello. En cuyo caso se corre el riesgo de que los medios económicos determinen en parte las oportunidades a las que tiene acceso una persona, y que esas oportunidades determinen que tanta libertad de acción posee esa persona, entonces los medios económicos determinarían, en parte, cuánta libertad poseen los individuos. De tal manera que cuanto más medios, mas libertad.
De igual modo, si la protección de la libertad queda restringida al nivel del conocimiento y aptitudes de los usuarios en la Red, entonces la capacidad (humana e institucional) es fundamental para mantener el acceso y garantizar que la sociedad aproveche sus beneficios. La inversión en educación, incluida la alfabetización digital, sigue siendo la forma fundamental de desarrollar la capacidad humana y debería ser el núcleo de cualquier estrategia nacional, regional e internacional en materia de tecnología de la información.
Lo anterior incluso se sostiene con las resoluciones de las Naciones Unidas emitidas durante el período de sesiones de alto nivel llevadas a cabo en Nueva York en el año 2000, en que se expresó que;
“El acceso a la información y el intercambio de conocimientos están en gran parte determinados por la educación, las capacidades, incluidos los recursos, la transparencia de las sociedades, la capacidad para generar y utilizar conocimientos, la interconexión y la disponibilidad de contenidos y aplicaciones diversos, y por el marco normativo y jurídico. Es necesario adoptar medidas urgentes, a nivel nacional e internacional, en esas esferas a fin de mejorar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo y los países con economías en transición, para participar en la economía basada en los conocimientos a fin de promover su desarrollo económico y social.”
En consecuencia, un punto de partida fundamental en la generación de igualdad en el acceso y de promoción a la ciberseguridad implica generar una política educativa e informativa que genere el desarrollo de aptitudes en el individuo, no en vías de limitar su libertad de uso, sino de permitirle convertirse en su principal proveedor de seguridad en el uso de la tecnología y, en esa medida, garantizar sus posibilidades de acceso eficiente, así como las del resto de usuarios.
Ahora bien, por otra parte, frente a este contexto de igualdad basado en garantizar las mismas posibilidades, los usuarios no pueden, ni deben permanecer como estáticos receptores de dichas posibilidades por parte del Estado o como simples reclamantes de derechos frente a él, es necesario que asuman la responsabilidad que tienen sobre el desarrollo de sus propias capacidades y el uso que dan a las Tecnologías de la Información, así como sobre el contexto bajo el cual operan su libre actuar en la Red.
Y es ahí que propongo analizar el contexto idóneo bajo el cual considero los usuarios deben asumir dicha responsabilidad.
A ese respecto, cabe hacer hincapié de que en la mayor parte de los Países en la actualidad, un tema fundamental que ocupa el escenario político es la necesaria Reforma del Estado, que entre otros, surge de factores desencadenantes tales como, la competencia de la nueva economía global y la revolución de la información, que hacen visible la necesidad de modernizar el Estado y asumir las nuevas posibilidades que otorgan las tecnologías a su desarrollo.
En el debate de este tema, una de las acciones que se considera fundamental para lograr una eficiente Reforma del Estado es el del indispensable fortalecimiento de las instituciones.
Pero precisamente aquí es donde debemos adentrarnos en un punto fundamental que es el de definir que se entiende por institución y qué o quiénes deben ocupar dicho rol en el Estado Moderno?
Según la más pura doctrina jurídica, la población constituye un elemento fundamental del Estado, el cual a su vez se compone del conjunto de instituciones con autoridad para establecer las normas que regulan la convivencia social, teniendo soberanía sobre un territorio definido.
En consecuencia, a pesar de no haber sido claramente abordada esta posibilidad, en el Estado moderno la sociedad ha adquirido un papel fundamental, que puede y quizá debiera asumir un perfil institucional, y que a través de políticas que promuevan su educación y conocimiento, permitieran el fortalecimiento de dicho perfil, logrando una participación más directa, influyente e informada de la población en las decisiones del Estado.
En conclusión, el diseño de políticas públicas para el desarrollo de los Estados no puede permanecer desvinculado de los factores económicos y, en consecuencia incluso los términos de natural y tradicional contenido moral en la actualidad deben ser matizados en pro del desarrollo y de la maximización del bienestar social, a fin de otorgar a los individuos efectivas y equitativas posibilidades de acceso y uso de la Red.
[1] Nagel, Thomas. EQUALITY, Mortal Questions. Cambridge University Press. 1979.
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